La
escasa rentabilidad de la deforestación
salvaje de la Amazonia ha reforzado con argumentos
económicos las reivindicaciones ecologistas.
Los propietarios rurales y los
ecologistas brasileños recordaron el año
2000 como el de su enfrentamiento. Unos y otros
querían decidir acerca del futuro de la
mayor reserva biológica de la Tierra. La
recolección de firmas, las manifestaciones
de protesta y una lluvia de miles de mensajes
electrónicos respaldaron a las ONG del
país impidiendo una revisión del
Código Forestal que pretendía aumentar
en 25% el índice de deforestación
permitido en la selva amazónica. Solamente
bajo este código , entre 1978 y 1997, se
arrasó con 532.000 km2.
En el momento crítico del
enfrentamiento, en mayo pasado, un sondeo de la
opinión pública reveló que
88% de los electores no votaría por los
diputados que defendiesen la citada revisión
del Código Forestal.
A juicio de 93% de los encuestados,
la conservación del medio ambiente no es
perjudicial para el desarrollo del Brasil, y un
90% opina que una mayor deforestación no
contribuiría a reducir el hambre. Aún
más significativo: en un país donde
pocos leen la prensa, 63% de los ciudadanos afirmó
seguir atentamente el debate, en buena parte gracias
a que éste encontró eco en la radio
y la televisión.
Incluso algunos medios financieros
se manifestaron claramente contra la iniciativa
revisonista."No hay un sólo argumento
que justifique esa enmienda catastrófica",
afirmó la influyente Gazeta mercantil,
recordando además que en Brasil no faltan
tierras productivas.
Hay más de cien millones
de hectáreas sin explotar sólo en
"la región del cerrado", esa
especie de sabana que ocupa la cuarta parte del
territorio nacional. La Amazonia ha perdido el
60% de su vegetación original debido a
la expansión del cultivo de la soja y al
pastoreo.
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